EL LLANO EN LLAMAS
Sergio Romero Serrano 211021
La forma tan violenta en que perdió la vida un ex funcionario de protección civil de la presidencia municipal de San Juan del Río, debe ponernos en alerta a todos.
Primero, porque la información pública indica que técnicamente se trató de una ejecución. Suena fuerte, pero parece que así fue. Segundo, que una de las líneas de investigación apunta a que el homicidio se cometió en relación a las actividades que la víctima realizaba como funcionario municipal. Tercero, que las actividades de la víctima fueron durante la administración que recién concluyó. Cuarto y lo que es más grave: que entramos en una etapa en que las discrepancias, desacuerdos o diferencias políticas -legales o ilegales- se intentan resolver de ésta bárbara manera.
El asunto no es menor, a pesar de lo que se diga, porque afecta directamente a las dos administraciones que inician: al gobierno del estado porque es de su competencia saber todo lo que sucede en los municipios del territorio estatal y a la presidencia municipal de San Juan del Río, que es donde se realizó el crimen. Ambos han guardado un silencio extraño, a menos que tengan otros datos y no exista la más mínima posibilidad de que el crimen se haya cometido, como una consecuencia directa a las actividades de la víctima, como ya han señalado algunos medios.
El panorama se complica aún más, cuando un regidor señalado por la prensa local como probable instigador del crimen, sale en rueda de prensa a deslindarse de las acusaciones, nuevamente ante el silencio del cabildo y del presidente municipal.
Ante estos hechos es lógico que los ciudadanos nos preguntemos ¿qué está pasando en el municipio? Hay una larga lista de preguntas que no tienen respuesta hasta ahora y es muy probable que no las habrá, hasta que concluyan las supuestas investigaciones, para no afectar el debido proceso. Pero una cosa es cuidar las implicaciones técnico-jurídicas del caso y otra, el posicionamiento político de las autoridades municipales afectadas por los hechos descritos, ante la incertidumbre de los ciudadanos, que deseamos saber cuál es el sentir y el probable obrar de las autoridades ante el caso, que eso sí -me parece- es su obligación.
No recuerdo asesinatos políticos en el municipio, ni asesinatos de funcionarios públicos en relación a las funciones que la ley les otorga, a excepción de los relacionados con los agentes de la policía de sus diferentes corporaciones. Por lo mismo el acontecimiento no se puede, no se debe, políticamente dejar pasar.
Hay implicaciones preocupantes que deben ser públicamente señaladas o deslindadas, por las máximas autoridades del municipio, en un posicionamiento que no deje lugar a dudas. No lo han hecho y eso tiene también ciertas significaciones. Hace semanas hubo otro hecho criminal que tampoco generó, de parte de las autoridades locales, un mínimo pronunciamiento, cuando un cártel ahora sí que con un cartel de un narco aviso, se señaló “que San Juan del Río ya tenía dueño y era de “x”.
Yo esperaba un pronunciamiento del presidente municipal entrante más o menos así: San Juan del Río no tiene dueño y pertenece a los ciudadanos. Una respuesta que dejara claro al crimen organizado –si es que lo hay o intenta entrar en la ciudad- que habría de parte del gobierno municipal un combate frontal y decidido a quienes pretendan manejarla como plaza del crimen.
Pero no. No pasó nada. Nadie vio y nadie oyó.
Me quedé pensando si habrán empezado así en Guanajuato hace más de una década. Es preocupante que no haya definiciones en materia de políticas públicas, sobre seguridad en el municipio. Muy preocupante.
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