Aunque ha pasado desapercibido, resulta relevante la aprobación de diversas reformas a leyes federales para aumentar los castigos contra el feminicidio por los diputados federales. El dictamen fue aprobado por 450 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones. Alienta ver que los legisladores todavía pueden alcanzar acuerdos.
El dictamen aprobado por los diputados federales por unanimidad subraya que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral y sus agresores son de distinta índole, familiares, extraños, conocidos, esposos, jefes, u otros sujetos.
Destaca entre las nuevas disposiciones de ley que los estados y alcaldías podrán emitir una alerta de género por iniciativa propia y que las policías, ministerios públicos y jueces deben actuar con perspectiva de género.
En el propio dictamen hay una referencia directa al caso que detonó las reformas y que fue el feminicidio de Reyna González Amador, víctima del Caníbal de Atizapán.
Se trata de modificaciones a los Códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como las Leyes Generales del Sistema nacional de Seguridad Pública, de Víctimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Investigación, sanción y reparación integral del delito de feminicidio.
El fondo de la reforma es tipificar con mayor precisión el feminicidio, sancionar la tentativa del delito, así como incluir las amenazas previas, encubrimiento e incorporar los ámbitos comunitario y político como contexto de violencia previa contra las mujeres.
La nueva legislación busca obligar, que cuando se cometa un feminicidio, la actuación de los policías, ministerios públicos y jueces sea con perspectiva de género, además de incluir sanciones penales si el feminicidio o el encubrimiento fuera cometido por algún funcionario público y en ese caso obligar al Estado a la reparación del daño y a una disculpa pública.
Entre los cambios que se hace con la reforma incluye la pérdida de la patria potestad de los hijos cuando el feminicida sea el padre de los menores, permitir a los estados y alcaldía emitir una alerta de género por iniciativa propia.
Un gran avance, ahora van con los senadores.
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