Por Manuel Basaldúa Hernández
Un zafarrancho entre policías municipales, miembros de la etnia nhanhu y ladinos ocurrió a mediados del mes de junioen las calles del centro histórico de la ciudad de Querétaro. Este zipizape puso de manifiesto el fracaso y desatención de las autoridades respecto a políticas públicas sobre grupos sociales de la entidad.
La muñeca Lele, objeto artesanal que le ha dado un reconocimiento nacional e internacional a Querétaro y a México es y se ha convertido en un elemento ambiguo. Es una Lele incomoda porque pone en evidencia la falta de manejo político y de desarrollo de grupos sociales.
Por un lado, representa una imagen idílica de la creatividad de las mujeres de la etnia que pertenece al Estado de Querétaro, provenientes de su región oriente que se asienta en la comunidad de Amealco. La Secretaria de Turismo y otras dependencias afines del Gobierno Estatal presumen esta muñeca al grado de símbolo de productividad e identidad de sus pueblos originarios vivos.
Por otro, en su carácter de carne y hueso, las personas con sus atuendos tradicionales que proyectan en la susodicha Lele, están presentes en las calles de la ciudad para vender y malbaratar sus muñecas elaboradas a mano, creando un mercado ambulante o semiambulante que estorba a la imagen de una idea del barroco y de un comercio establecido que se cree único propietario del espacio de la ciudad. Como también estorba a la imagen que quiere proyectar el gobierno de una ciudad “patrimonio de la humanidad” que se encuentra con orden y ornato.
La presencia en nuestra capital del Estado de los miembros de la etnia nhanhu, como de otras del país, tales como la mazahua del Estado de México, las Cora de Nayarit, Mixtecos de Oaxaca, por citar algunas, sigue siendo el reflejo de una deuda histórica de los gobiernos federales por no haber creado fuentes de empleo, dinamizar su economía y proteger su patrimonio. Ante esto los empuja la necesidad de buscar el sustento y tienen que emigran fuera de sus lugares de origen, tanto dentro como fuera del país.
Lejos de su entorno, se vuelven frágiles y vulnerables -como cualquiera de nosotros si fueramos expulsados de nuestro territorio- y se vuelven fáciles victimas de oportunistas o caudillos urbanos, muchas veces investidos en supuestos “luchadores sociales” que se convierten en colonizadores de los intereses étnicos. Sobre todo, cuando a nivel nacional no hay un marco legal claro que los trate y considere como ciudadanos respetables y sujetos a derechos y obligaciones. Ya ni se diga con los Gobiernos locales -Estados y municipios- que se desentienden de estos temas y atenciones a nuestros connacionales tratándolos despectivamente en la mayoría de las ocasiones.
En el caso que nos ocupa, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal ha dejado ver el enorme vacío que hay en el tema. No hay una consideración estructural sobre las etnias del territorio, ni de las etnias nacionales. Los gabinetes de los gobiernos respectivos, no tienen una Secretaria de Asuntos Indígenas u órgano ad hoc, ni se cuenta con personal profesional para su atención y tratamiento de los asuntos.
Hay una enorme ignorancia sobre el manejo de estos asuntos, que se evidencian porque solamente hay atención a ellos cuando son campañas electorales o cuando hay manifestaciones políticas de estos mediante liderazgos mestizos.
Se refieren a estos ciudadanos como “artesanos”, “comerciantes ambulantes”. Y cuando es momento de abordar sus demandas es porque los problemas han crecido o son acuciantes. No existe una generación de empleos en sus pueblos de origen, no hay una política que atienda la migración, no se ha fomentado el comercio especializado y protegido para ellos, ya que sus muñecas han sido sustraídas tanto en diseño como en especie. No hay una estrategia comercial que los enlace con el empuje turístico de la entidad. No hay un grupo de gestoría ni de política indígena que sea sensible a sus demandas y necesidades. Tampoco hay un programa de rescate de su cultura y la preservación de sus pueblos y hábitat natural. Y si acaso hay algunos de estos elementos, entonces están fallando en su funcionamiento y articulación.
La ausencia de estos elementos es lo que ha dado como resultado que “intermediarios”, o lideres mestizos aprovechen sus demandas. Como también dar la impresión de que la aplicación de reglamentos urbanos a rajatabla, se vean como acciones ilegales de parte de quienes deban de poner orden en el espacio citadino. No son dadivas ni favores lo que solicitan, sino un tratamiento justo, igualitario y oportuno, como cualquier ciudadano. Las soluciones encontradas en esta ocasión, tendrán un rápido desgaste y nuevamente expondrán a estos grupos étnicos a la tentación de los líderes citadinos ávidos de protagonismo.
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