Me Lleva El Diablo 23 de mayo 2022
Hay que detener a los diputados locales antes de que destruyan totalmente el estado. Hay que promover una iniciativa de Ley para la desaparición de la Legislatura Local, y de paso hacer no solo juicio político, sino penal a los 25 diputados actuales por fraude, daños, robo, corrupción y delincuencia organizada en agravio de los habitantes de Querétaro.
Seguro estoy que si les damos un bono los mismo 25 actuales diputados aprueban la propuesta.
No es descabellada la idea de desaparecer el Congreso Local, realmente no sirve para nada, ni siquiera para legitimar las iniciativas de ley que les envían del Poder Ejecutivo.
Los actuales diputados – igual que las últimas 3 Legislaturas- no tienen razón de estar ahí, no justifican su existir, porque desde que entraron solo han causado estrés, ansiedad, tristeza, coraje, desánimo, insomnio, miedo, alucinaciones a los queretanos, son la peor pesadilla para el bolsillo, el presente y el futuro de la ciudadanía.
Los legisladores con su actuar dañan seriamente a los queretanos, nos están pasando una factura adicional a la que normalmente tenemos que pagar, no sé porque hemos tenido la desgracia de tener un Congreso Local enemigo de los ciudadanos, quieren desaparecernos.
Desde el primer día han aprobado leyes en lo oscurito que perjudican a los queretanos, en el primer día reformaron la Ley del Colegio de Bachilleres para ponerla a modo para nombrar a un director que nada sabe de educación.
Y de ahí pal real, y lo más sonado fue el reemplacamiento, pero solo son pequeñas muestras, porque todo, todo lo que han aprobado ha sido contra los intereses colectivos, de los ciudadanos, para perjudicar la economía de los ciudadanos.
La última fue el jueves pasado cuando aprobaron la Ley de Aguas, con la “casual ausencia” del diputado del Partido Verde, que se escondió para no “cargar” con esa pena, pero la realidad es que Ricardo Astudillo forma parte, o por lo menos esta al servicio de los intereses de los empresarios inmobiliarios – recuerde lo de El Batán, cuando era regidor de Corregidora- que ahora son los verdaderos dueños del agua.
Atendiendo a su sentido crítico, reflexivo y de responsabilidad social, en este espacio hemos dejado constancia de que Querétaro tienen una crisis hídrica importante y es en la actualidad cuando se debe insistir en que se tomen las mejores decisiones al respecto, pero los diputados hicieron todo lo contrario, Es por ello por lo que preocupa la aprobación de esa ley.
Debemos poner sobre la mesa todos los puntos y, desde luego, todos los argumentos y fundamentos científicos y sociales y tras un mínimo análisis se puede concluir que la iniciativa aprobada en la Legislatura no cumple con las expectativas de las y los queretanos.
No resuelve la crisis hídrica en la entidad, caracterizada por escasez, reparto inequitativo y contaminación, pone en riesgo la viabilidad de la ciudad y sus formas de vida que dependen de la manera en que a nivel local cada comunidad afronta los retos para el manejo sustentable del agua.
Lo peor es el cinismo de los diputados al negar la privatización del vital líquido, porque todos sabemos que “concesión” es igual a “privatización”, ya que esta figura jurídica incluye la participación de agentes privados con fines de lucro en la prestación de servicios directa o indirectamente relacionados con el abastecimiento de agua potable y drenaje.
Esta “nueva Ley de Aguas” no solamente regulariza las concesiones ya existentes -22 detectadas en la zona metropolitana de Querétaro, de las cuales el 70 por ciento fueron otorgadas entre los años 2017 y 2019-, si no que buscan consolidar el avance de este modelo; se puede advertir que tratan de formalizar la entrega de las concesiones de agua a personas físicas o morales privadas, pues la mayoría de sus artículos se dedican a regular las concesiones.
Por otra parte hay que alertar sobre el riesgo de la exclusión de cientos comunidades en el ejercicio de sus derechos, al imperar en la nueva Ley el ánimo de lucro: dar agua a particulares para que ellos regulen el abastecimiento no es facultad del entidades locales, pues la extracción de agua del subsuelo y su distribución solamente lo puede regular la Comisión Nacional de Agua (Conagua), otro organismo que se hace de la vista gorda, y prefiere ser omiso ante el daño que aprobaron los diputados locales.
A la Conagua se le confiere una de las obligaciones que implica el permiso de extracción de agua es hacerse cargo de su saneamiento, mientras que uno de los vacíos de las concesiones que se han otorgado es que nadie se está haciendo cargo del agua residual, lo que podría incluso servir para revocarlas.
La nueva Ley de Aguas deja fuera el derecho humano al agua, desconoce que existe el derecho humano a un ambiente sano, tanto que no presentan datos o información relevante de lo que sucede en el estado.
Otro punto es que sin penalizaciones el socio privado hará el mínimo y hace falta experiencia para negociar contratos e incluir cláusulas de fuerza mayor por todos los escenarios emergentes que el cambio climático va a imponer; la Ley debería de tener un sistema de monitoreo que permita cuantificar el recurso, que indique hasta qué punto se puede seguir sacando agua subterránea con la que, además, ya no se cuenta: es increíble que sea mucho más caro un metro cúbico de agua tratada que el agua que sacamos de 200 metros de profundidad.
Los diputados locales vendieron, entregaron a el agua de todos los queretanos a los empresarios inmobiliarios, los diputados locales son unos mercenarios, gente sin escrúpulos y sin alma -aunque se den golpes de pecho y acudan a misa todos los domingos- que venden hasta a su progenitora, igual que venden su voto.
Hay que procesarlos, no por traidores, sino por delincuencia organizada, eso es lo que hay en el Congreso Local, un grupo de 25 malandros que pertenecen a la delincuencia organizada.
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