Sergio Romero Serrano 080721
Mientras el consumo creciente de drogas continúe en el mundo, el problema del narcotráfico no se va a detener. Curiosamente es una ley elemental de la economía. Y los políticos lo saben.
Afirmar que en nuestro país falta mano más dura para combatirlo, es una falacia monumental. El problema tiene su origen en la demanda que existe en los Estados Unidos, por una población de más de veinte millones de adictos. Y creciendo. Yo, de hecho, sostengo la afirmación de que “todo gringo es adicto”, hasta que demuestre lo contrario.
Así como ellos dicen que “todo mexicano es narco, hasta que la DEA lo detenga”. Mientras ellos no tengan una política de estado -clara y contundente- para inhibir el consumo en su territorio, siempre habrá en el mundo quien les suministre la droga.
Fueron los colombianos en un pasado reciente, y ahora los mexicanos los hemos desplazado, aprovechando la vecindad que -para bien y para mal- tenemos con los Estados Unidos.
Hace más de quince años, hice esta afirmación en una columna que se publicaba en uno de los periódicos locales, con el apoyo del maestro José Luis Ursúa, periodista recientemente fallecido, que me originó acusaciones entonces de exagerado e impreciso, por algunos dirigentes del panismo sanjuanense: México se está colombianizando.
Y no me equivoqué.
El terror que se vive en algunas partes del territorio nacional es impresionante e inédito. Amplias regiones están desde hace décadas bajo el control de los cárteles y el crimen organizado. Esto no se construyó de la noche a la mañana. Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas, entre otros estados, han sufrido una guerra brutal, sin precedentes en la historia nacional, desde hace mucho tiempo, bajo el beneplácito y la protección de políticos y autoridades locales, que se han beneficiado y amasado impresionantes fortunas con ello. Parte de todo esto, está documentado y a la vista de quien lo quiera ver.
En Querétaro no hemos tenido –afortunadamente- los índices de delincuencia que se tiene en los estados arriba mencionados. Pero estamos colindando con algunos de ellos: Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México e Hidalgo. Somos, a pesar de esto, un estado relativamente seguro donde se respira una tranquilidad social aceptable.
Hay problemas que atender, por supuesto, pero hasta hoy, creo, han sido manejables. Pretender afirmar que los índices de violencia que se están viviendo hoy, en algunas de las regiones que ya mencioné es, por decir lo menos, muy miope. Carece de toda lógica y sentido común, afirmar que fue, es y será responsabilidad solo del gobierno central, combatir y desaparecer las organizaciones criminales enquistadas en el país.
Los poderes locales de facto han participado activamente en la construcción de esas redes del delito. ¿Cuántos años tienen operando las más importantes de ellas? ¿Cómo han crecido, se han extendido y consolidado? ¿Quiénes, cómo y por qué se les permitió instalarse y operar? ¿Cómo han podido infiltrar cuerpos policiacos, fiscalías, jueces, representantes populares, gobernadores y funcionarios de primerísimo nivel? ¿No están los datos a la vista?
Resarcir este impresionante deterioro y sanar las heridas que han causado en el tejido social de éstas poblaciones, nos llevarán seguramente muchos años y será un proceso costoso, doloroso y de gran calado, que requiere la participación de todos, en los espacios en donde nos encontremos: el hogar, las escuelas, los medios de comunicación, centros de trabajo y organizaciones sociales, públicas y privadas. Creer que todo vendrá desde el gobierno central es una tontería.
Nada se podrá hacer y consolidarse sin la participación de los gobiernos locales, en los dos niveles básicos del mismo y con el apoyo, coordinación y participación de los ciudadanos. Es como pretender eliminar el machismo y el patriarcado, sin la participación decidida de la familia, que es el núcleo donde los individuos esencialmente nos educamos.
Claro que reforzado por la escuela y los medios de comunicación, que inciden en la formación de las personas.
Por otro lado es significativo que ante los problemas de inseguridad, de las regiones multicitadas, exista un extraño silencio -ante los gobernadores- de las organizaciones empresariales y de los diversos cultos religiosos, entre otras organizaciones locales, que están más preocupadas por la propalación de una dictadura o un supuesto “comunismo” o un supuesto “socialismo”, que por el deterioro de la tranquilidad y la seguridad de la población, a la que se ha destrozado y asesinado. Ubicar con exactitud
un problema, en su contexto real y en su dimensión, es el inicio de la solución del mismo.
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