Sergio Romero Serrano 190821
Durante décadas contemplé asombrado e impotente el brutal incremento en los costos de medicamentos. Primero porque tuve en casa personas de la tercera edad, ya enfermos, a los que el servicio médico del estado no satisfacía en sus necesidades y era imperativo acudir al servicio particular para tener una atención oportuna y eficiente. Los servicios del ISSSTE eran particularmente malos.
Posteriormente contemplé la brutal alza de los medicamentos en mi papel de padre, porque mis hijos a pesar que eran beneficiarios míos como trabajador, en el IMSS, acudíamos generalmente a servicios médicos privados, por mayor comodidad y eficiencia, durante casi cuarenta años y -más tarde- yo mismo, porque me empezaron los achaques propios de la edad y el cobro de los excesos y abusos de la juventud.
Con el pago de cada receta privada, percibía la impresionante espiral de los incrementos a los costos de las medicinas que hacían complicada una atención oportuna, pues los servicios del estado eran lentos, deficientes y burocráticos. Siempre había esa disyuntiva.
Entonces la pregunta era obvia -y sigue siendo- ¿por qué son tan caros los medicamentos? Por supuesto había otras preguntas adicionales: ¿Realmente corresponde el precio a su proceso de elaboración? ¿Por qué suben sus costos permanentemente? ¿Por qué eran antes más económicos y ahora son tan caros? ¿Por qué el estado no instrumenta un programa que permita contar con medicamentos accesibles al grueso de la población?
No había respuestas satisfactorias a la vista y solo alcanzaban algunas que momentáneamente esbozaban autoridades al decir: “Producir medicamentos es caro por los insumos y los procesos de producción implican laboratorios muy sofisticados y caros”; “Porque en México carecemos de la tecnología suficiente y los profesionales altamente capacitados para producirlos”; “Porque los laboratorios que los producen son empresas transnacionales que imponen sus precios”; “Porque las patentes que protegen el proceso de la elaboración de los medicamentos son costosísimas y es la única manera en que los laboratorios pueden costear la investigación que genera nuevos y mejores medicamentos”.
Y así, una impresionante retahíla de argumentos que “justificaban” que las medicinas no estuvieran al alcance de la mayoría de las personas, incluidos los trabajadores, porque muchos de esos medicamentos -los más eficientes- no aparecen en los cuadros básicos autorizados por las instituciones de salud pública y había que resignarse a los designios del destino. Pero lo que se me parecía más indignante, era la evidente ausencia de una política de estado en relación a la salud pública del país y –particularmente- al precio de los medicamentos.
Hoy hay algunas respuestas a esas interrogantes. Lamentablemente muchas de nuestras sospechas sobre lo que pasaba en materia de precios a medicamentos, se convirtió en realidad demostrada. Hoy conocemos algunas de las condiciones que generaron esta espiral que no se ha detenido y que continúa mermando la calidad de vida y la salud de la población.
Sospechábamos un incremento desproporcional, sistemático y deliberado para encarecerlos, disparando los descomunales márgenes de ganancia. Además, malos manejos y contubernios (elemental) entre autoridades y empresarios de la industria farmacéutica internacional, con distribuidores locales y foráneos. Medicamentos a precio de oro y los grandes negocios en las instituciones de salud pública del país para su abastecimiento.
Sospechábamos de la participación de políticos prominentes por aquello de “político pobre, pobre político” pero no sabíamos quiénes y cómo. Hoy, una parte de ellos está a la luz pública.
Sabemos quienes crearon empresas y negociaron contratos apoyados en relaciones de poder político en los diferentes niveles. Seguramente falta por saber más, mucho más, que irán saliendo poco a poco. Todo lo anterior está bien. Pero lo esencial aún no llega: implementar una política pública en materia de medicamentos que garantice a los ciudadanos tener los necesarios y suficientes para su salud, a costos justos y competitivos.
Crear los sistemas y los organismos necesarios para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la salud de todos los mexicanos.
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