Sergio Romero Serrano
240822
¿Por qué el Estado Mexicano se tomó la molestia de encubrir al crimen organizado que opera en el estado de Guerrero desde hace décadas, sobre la desaparición forzada de 41 estudiantes de la normal, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa?
¿Por qué desde el presidente de República en turno –Enrique Peña Nieto- varios de sus secretarios de gabinete, pasando por los diferentes cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, a los que les corresponde resguardar la seguridad y la integridad de la zona y sus habitantes, que contribuyeron facilitando éste crimen y posteriormente ocultándolo?
¿Por qué los medios más importantes de comunicación a nivel nacional, sistemáticamente apoyan sin cuestionar las inconsistencias de la verdad histórica, generada por el secretario de gobernación Jesús Murillo karam, hoy detenido, sosteniendo que se trata de un perseguido político y negando la condición de que el evento se trató de crimen de estado?
¿Qué tipo de beneficios genera para los interesados en sostener una explicación que no alcanza, para dar con el paradero de los jóvenes brutalmente reprimidos, donde incluso se llegó al extremo de desollar el rostro de uno de ellos?
¿En qué clase de país vivimos donde 41 estudiantes fueron acribillados y detenidos por autoridades policiacas y de pronto se esfumaron sin dejar rastro alguno al grado que es imposible determinar hoy con exactitud qué fue lo que pasó con ellos?
¿Quién dio la orden de desaparecerlos y por qué?
¿Por qué estos grupos del crimen organizado, cuya existencia es ancestral, no fueron combatidos con eficiencia desde su condición embrionaria y se dejaron consolidar y multiplicar hasta constituirse en cárteles que tienen el control de amplias zonas de la geografía nacional, particularmente Guerrero?
¿Quiénes son los responsables de las omisiones o colusiones originarias, en esas zonas bajo el control del crimen organizado, que nos han sumido de la desesperanza y que las autoridades nos han ocultado por décadas a los ciudadanos?
¿A quién le conviene y por qué, que éste estado de cosas no cambien en el país y continuemos con el deterioro de la vida pública nacional, garantizando la impunidad y la corrupción?
Hay, evidentemente, una confabulación contra el estado de derecho que garantiza la Constitución y que en el caso de Ayotzinapa -como en muchos otros- fue fraguada desde las más altas esferas del poder político en el país, tolerada y alentada por empresarios que han medrado de estas prácticas perversas, con su silencio o su abierta participación.
Ya tuvimos un 68 y un 10 de junio que quedaron impunes. Hoy tenemos un Ayotzinapa que no puede quedar igual, por el bien del país y de las nuevas generaciones.
Debe haber un castigo ejemplar a los autores directos e indirectos de esta atrocidad. No se puede decir que hay democracia en México, mientras se puede desaparecer a varias decenas de estudiantes, con la participación de autoridades legalmente constituidas y entregados al crimen organizado para su probable o posible aniquilación.
Esto es una barbaridad inaceptable y debe implicar un fuerte y decidido ya basta.
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