Al margen de las cuestiones de la técnica jurídica -porque no soy un experto- es difícil sustraerse a opinar sobre la controversia monumental que se ha desatado en torno a las observaciones recientes, realizadas por el Presidente de la República, sobre el amparo otorgado por un juez en torno a la iniciativa de ley, que modifica las políticas en materia energética, promovida por particulares afectados por la propuesta.
Lo primero que me llama la atención, es que la sola resolución contraria al interés del ejecutivo federal, demuestra en los hechos que estamos en un escenario donde efectivamente -y por primera vez- vemos una total independencia del Poder Judicial, del presidente en turno. No recuerdo una oposición tan abierta y tan polémica en la historia reciente -y no tan reciente- del ejecutivo federal. Eso solo desmiente una de las acusaciones más recurrentes de la oposición: que el presidente es un dictador y un autoritario.
Porque en el fondo no es una resolución contraria al presidente en turno. Es obvio que es una resolución de la SCJN contraria a los intereses más elementales de la nación. No necesitamos ser jueces o magistrados de ningún tribunal -creo- para entender que unos contratos privados no pueden atentar contra el interés legítimos de un país, ni aquí, ni en China, pasando por los Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, etc. Es, entre otras cosas, un tema elemental de seguridad nacional, donde el control elemental de los energéticos, no puede quedar en manos de particulares, al cobijo de contratos mañosos, leoninos, ventajoso y lleno de exabruptos, de esos que solo se firman en
México, apoyados por una clase política tradicional. Ahora resulta pues, que el magistrado cuestionado en sus criterios, es “más papista que el papa”.
Habría que preguntase: ¿Los contratos de las empresas quejosas –por cierto españolas- los tendrán firmados en igualdad de condiciones con el gobierno de su propio país o con algún otro? Lo dudo.
¿No es obligación del ejecutivo federal, velar y anteponer los intereses del país, a los intereses de un particular y además extranjero, amparados con un contrato mercantil? Y si es una obligación establecida por la constitución, juramentada al tomar el poder por los presidentes electos ante el Congreso de la Unión, por lógica y sentido común, aparte de lo jurídico ¿no es obligación también -por extensión- de un magistrado apegarse a los principios elementales de la Constitución y a la impartición de justicia? Porque en la resolución en cuestión ¿qué tipo de justicia se impartió? ¿La justicia para la nación? o ¿la justicia para el particular extranjero? ¿Importa más el daño, si es que sus pretensiones son legítimas, al particular, que el daño a la nación? ¿O no existe ningún daño económico para el país, en la firma de los contratos en la industria energética de México? ¿Cuál fue el costo-beneficio al país la firma de los contratos? ¡Están perfectamente cuantificables los daños al erario público! ¿El juez los conoció en el momento de emitir su resolución? Y de ser así ¿qué peso les dio en su resolución?
Perdón, me parece que el juez y su resolución están –por lo menos- bajo sospecha. No alcanzo a comprender del todo, el desgarramiento mediático y profesional de los que se escandalizan por las observaciones del ejecutivo federal, que no checan con los criterios de la resolución emitida, como no checan tampoco a mí y a millones de mexicanos, que hay justicia real y no simulada.
El exigir que no se cuestionen públicamente las resoluciones del SCJN, como la de las mayorías de los tribunales del país, es apostar a la impunidad y a la corrupción. Con mayor razón, cuando no hay una fama pública y un reconocimiento amplio de la sociedad, en sus diversos sectores, al desempeño histórico del trabajo que se ha realizado en la materia.
Priístas y panistas, en diferentes momentos lo han reconocido. Recordemos tan solo las frases emblemáticas del asesinado candidato del PRI a la presidencia de la república en 1994, cuando habló de que él veía “un México con sed de justicia”. ¿Quién puede afirmar que está satisfecho con la forma de impartir justicia en México? ¿Quién puede afirmar que los estándares de calidad en la impartición de justicia en general son mínimamente satisfactorios en el país?
En lo particular, a mí no me preocupan los cuestionamientos del presidente a las resoluciones referidas. Me preocuparía su silencio cómplice ante la determinación de continuar con lo mismo, como dictamina el juez y la oposición. Eso significaría que seguimos en lo mismo y que esa sed de la hablaba el priísta Colosio, continuara. Me preocupa que la simulación y la autocomplacencia deban seguir desde la Presidencia de la República, permeando toda la estructura gubernamental, afectando al todo el tejido social, roto y deteriorado, como está hoy.
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