Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones: los embalses queretanos están al límite de su capacidad, tenemos menos agua que el año pasado. La mayoría de los cuerpos de agua están en situación de emergencia, tanto los subterráneos como los externos.
Ya sabemos que no existe volumen disponible para otorgar nuevas concesiones de pozos, ya están dadas todas y se concentran en pocas manos, en manos de especuladores, de los desarrolladores de vivienda.
Sabemos que el acuífero del Valle de Querétaro que comprende los municipios de la capital, Corregidora y El Marqués está sobreexplotado y anualmente se extrae para uso agrícola, industrial y doméstico el doble del agua subterránea que se recarga de forma natural.
La Subdirección General Técnica de la Conagua advierte que cada año el Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas es de 129.724840 hectómetros cúbicos por año, en comparación con la Recarga Media Anual que es de 70.0 hm³.
Extraemos el doble del agua que se recarga anualmente, por eso hay que traerla de más lejos o de mayor profundidad, ya no de mil, o 2 mil metros, no, en ocasiones se rebasa la excavación hasta los 3 mil metros, cuando hace apenas dos décadas se extraía agua a 300 o 500 metros de profundidad.
No hay agua que alcance para el crecimiento de Querétaro, para distribuir a las miles y miles de casas que cada año se construyen, recordemos que la última “gran solución” se presentó hace 11 años; el 17 de febrero de 2011 se inauguró el Acueducto II en el estado de Querétaro, considerado como uno de los proyectos hidráulicos más moderno, no de México, sino de Latinoamérica, así lo presentaron las autoridades estatales de ese entonces.
Que ingenuidad creerles.
Era para dotarnos de agua al estado por lo menos 25 años, y ya ve solo sirvió, y a medias, por 11 años, eso sí, el negocio de su construcción dio a luz a nuevos ricos, algunos se quedaron en Querétaro, otros migraron locos de contento con su cargamento de lana.
A casi 11 años de su puesta en marcha, habitantes de muchas comunidades, de muchas colonias urbanas, aún carecen del vital líquido, pues desde su puesta en marcha se planteó alcanzar a una población de más de 900 mil personas. Puro rollo para el negocio.
Ahora, la entidad tiene, desde 2021, dos millones 368 mil 467 habitantes, de acuerdo con datos del INEGI, y no alcanza el agua para todos: y se siguen desarrollando asentamientos inmobiliarios, como los que se proyectan en Corregidora, por el lado del Batán, y que llegara a poblarse hasta la comunidad de La Cueva llegando a los límites con Guanajuato, los terrenos ya no son ejidales, son de nuevos dueños, entre ellos empresarios de la construcción de casas y políticos, en activo y dizque retirados, , para eso ya se les construyen las vías de acceso a los asentamientos que se edificaran en un año más.
Pero el grito es: aguas con las aguas, o mejor dicho ahí les va el agua, para sus desarrollos.
También hemos comentado que el gran proyecto de la actual administración estatal es el Acueducto III; nos traerían agua desde Tzibanzá, desde Cadereyta de Montes, un municipio enclavado en el semidesierto, paradójicamente.
Por ello el gobernador del estado, Mauricio Kuri confirmó la semana pasada que la federación ya aprobó los permisos para el Acueducto III, esto luego de la reunión que sostuvo con Adán Augusto López, secretario de Gobernación federal, quien le habría comentado que se habló con la Dirección General de la Conagua para avanzar con el proyecto.
Mauricio Kuri mencionó que el agua podría extraerse desde la presa de Tzibanzá y debido a ello, como compensación digo yo, podrían cerrarse 150 pozos de agua de la zona metropolitana, lo que permitirá recargar los mantos acuíferos.
Obvio es que son 150 pozos que ya no tienen agua, o que sale muy costosa su extracción.
Se prevé que el proyecto pueda estar listo antes de 2024.
Pero, aquí viene el pero, una disputa legal por el agua está a punto de comenzar entre los estados de Hidalgo y Querétaro, pues el mismo día en que el gobernador queretano anunció que se extraería agua Tzibanzá de en la presa Zimapán, Hidalgo, para el Acueducto III, la diputada hidalguense María Lozano Moreno acusó un presunto aprovechamiento inequitativo del acuífero El Infiernillo.
Un intento de politizar, partidizar el tema del agua, aunque se le olvida a la legisladora que la normatividad respecto al vital liquido corresponde a la nación, al gobierno federal por medio de la Conagua, y la Conagua ya avaló el proyecto.
Es decir, una guerra por el agua, si se puede dar, pero no entre estados, sino entre grupos de poder, grupos que saben que quien controle el agua controla la política, la economía, controla a la sociedad.
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