Consulta popular, un ejercicio de democracia participativa o distractor político?

Me Lleva El Diablo 30 de julio

Como si previeran un fracaso de la Consulta Popular, Morena se adelanta a la misma e independientemente de los resultados anuncia que promoverá, creara una Comisión de la Verdad para juzgar a los expresidentes.

Polarizados entre un si o un no, el domingo los mexicanos están llamados a votar en la “consulta para juzgar a los expresidentes”, que en realidad tiene una pregunta tan amplia como incierta.

La pregunta que se pondrá a consideración es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Y la postula la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que la primera pregunta de la consulta, remitida al Senado por Andrés Manuel López Obrador, mandatario federal, en septiembre del año pasado, fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque incluía los nombres de los últimos cinco presidentes -Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI)- y apelaba abiertamente a la actuación de “las autoridades competentes” en su contra.

De la ambigüedad de la pregunta que se aprobó por lo magistrados, y que vendrá en la boleta, pasamos a las dudas sobre su ejecución, al escaso interés popular despertado por la materia, a lo que se añade incertidumbre a los datos de participación y el fuerte cuestionamiento de Morena al INE, institución que organiza el plebiscito.

Hasta la fecha lo único claro es que el referéndum de este 1 de agosto se ha dado más en el tema de la confrontación entre partidos – principalmente entre PAN y Morena- que en el de la deliberación ciudadana, que bien a bien solo parece que esta como botín político.

Sin embargo, no hay que quitar importancia a la votación, la primera que se realiza según los cauces establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de otras consultas informales convocadas durante el presente sexenio y que será la primera vinculante si al menos el 40% de los electores acuden a las urnas.

En Querétaro eso representa que salgan a votar por lo menos 650 mil ciudadanos, del millón 700 mil que conforman la lista nominal de electores. ¿posible o imposible cumplir la meta? Veremos dijo un ciego.

Pero ¿qué pasará exactamente el domingo?

Primero, hay que dejar en claro que el plebiscito no puede repercutir en la independencia del poder judicial, que de haber encontrado – en su momento- o de hallar en el futuro elementos para procesar a los exgobernantes lo habría hecho o lo hará sin importar la opinión, ente caso del primer promovente, Andrés Manuel López Obrador, del Gobierno en turno, de la oposición e incluso la voluntad popular.

Así funciona una democracia.

Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional.

Como lo dijo el presidente de la SCJN: “una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”.

En una consulta con este diseño cunden las dudas, incluso en la cúpula de Morena, el partido que sostiene al Gobierno federal, sobre el quórum.

Por ejemplo, Ricardo Monreal, el hombre clave del presidente en el Congreso de la Unión, lo ve difícil, y el gobernador morenista de Tabasco regaño al dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, el miércoles pasado cuando acudió a ese estado a promover la participación el en referéndum y lo conmino mejor a reorganizar a la dirigencia nacional.

Así las cosas, todo indica que más que un enjuiciamiento, tendremos como resultado un ejercicio para cambiar o fortalecer, según se vea, la cultura política de la población y que la gente ejerza de igual manera la democracia participativa, y no solo la democracia representativa, como lo fueron las elecciones del 6 de julio.

No se trata del simplismo de que la ley se consulta o no se consulta.

No es que cada tres años vayamos a votar, cada seis años vayamos a votar, no, puede ser cada año o dos veces al año, si hay o se crea una cultura de la democracia participativa, porque se le está consultando a los ciudadanos.

Igual es un fracaso, pero el intento es válido y legal.

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