La Profepa presentó una denuncia penal ante la FGR en Querétaro a fin de deslindar responsabilidades y coadyuvar en identificar la acción u omisión que derivó en que el tigre blanco neutralizado en Huimilpan pusiera en riesgo a la población civil y al medio ambiente, así como para solicitar se informe si el actuar de los involucrados estuvo apegado a algún protocolo conforme lo establece el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
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