¿SUFRIR ESTOICAMENTE LAS CONSECUENCIAS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

EL LLANO EN LLAMAS

Sergio Romero Serrano 170222

¿SUFRIR ESTOICAMENTE LAS CONSECUENCIAS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

La impresionante polémica desatada por el presidente López Obrador, al exhibir los extraordinarios ingresos de un periodista que se ha distinguido por sus virulentas “denuncias” contra su gobierno, han desbordado las pasiones y han puesto en la agenda política, la discusión sobre cuáles son los límites de una libertad de expresión, que pueda conllevar una carga de mentira, injuria, difamación o engaño, por intereses ajenos a la naturaleza del periodismo y la libre manifestación de las ideas.

Y cuáles son los derechos de los actores políticos, instituciones y ciudadanos en general, ante los posibles abusos, excesos y distorsiones. El tema me parece importantísimo y oportuno. Es una discusión que hemos venido evitando y que el presidente nuevamente impone en la agenda mediática -como casi siempre lo ha hecho- motivando una amplísima discusión a todas luces benéfica.

Porque por fin se ventila un tema institucionalmente soslayado por los protagonistas que imponen las condiciones y medran económica y políticamente con ello: la relación de los grupos de poder con los medios de comunicación y los destinatarios de ambos: el ciudadano que tiene la necesidad y el derecho de ser informado, para la toma de sus decisiones.

Quienes hemos estudiado periodismo, lo hemos ejercido dentro de los medios tradicionales o de forma independiente, sabemos de este monstruo de muchas cabezas que ha servido para justificar, ocultar o limpiar, los abusos del poder y las barbaridades que en nombre de “mis intereses”, “mi libertad” y “mi democracia” se han cometido por años y siglos.

La cuestión central es: en aras de la libertad de expresión ¿puedo mentir? ¿engañar? ¿difamar? ¿crear escenarios con el propósito de inducir a error, a una falsa percepción de la realidad, para obtener un beneficio propio (principalmente dinero, mucho dinero) o para un tercero que está lucrando con el engaño? Parte de la polémica se centra en gran medida en si ¿debo yo, victima directa o indirecta del engaño, de la mentira o la difamación, guardar silencio ante el abuso?

Porque si denuncio, exhibo la mentira, los instrumentos que la construyen y exijo la verdad o la rectificación ¿atento contra la libertad de expresión? Si yo, ciudadano mexicano, que tengo en derecho constitucional de ser informado con veracidad y oportunidad ¿no soy agraviado por un medio de comunicación o un comunicador, que me miente deliberadamente con el propósito de confundirme, engañarme, manipularme y afectar mi interés legítimo de tomar decisiones de manera libre y razonada? Voy más allá: el afectado por la manipulación ¿no debe ejercer acciones civiles, mercantiles, penales, políticas o administrativas, como denunciar públicamente en lo posible aun cuando no tenga acceso a los medios (que es el caso de los millones de ciudadanos, que no tienen bajo su poder periódicos, canales de televisión, micrófonos que son reservados solo para empresarios y no le puedo replicar de manera inmediata y directa por la misma vía) o de cualquier otra índole y solo puede sufrir estoicamente las consecuencias de la “libertad de expresión”?

Porque entonces ¿ cuál es la responsabilidad social, ética, profesional o legal quien ejerciendo una actividad supuestamente informativa, maquilla, altera, distorsiona la realidad para obtener un beneficio para sí o para el grupo que lo financia? Tendrá la libertad de expresión ¿daños colaterales? Y de ser así ¿son legítimos o justificables? Dice el dicho que en la guerra como en el amor, todo se vale.

De ser cierto habría que incluir la política y el periodismo. Pero ¿se vale que valga? Si alguien conocía el tipo de periodismo que se hacía y se hace aún en México fue Manuel Buendía, asesinado en la Cuidad de México en mayo de 1984, quien durante años escribió la columna Red Privada, donde divulgó información que afectaba a la CIA, a la ultraderecha mexicana que siempre ha existido y hoy está muy cerca del poder, y los cacicazgos priistas instalados en todo el territorio nacional. Por cierto Querétaro no fue -ni ha sido- la excepción. Buendía vivía modestamente. No aparecía en canales de televisión, ni en estaciones de radio. No conducía noticieros ni era el periodista superestrella.

Los periodistas millonarios aparecieron después. Más o menos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari para acá, de una manera creciente y brutal. En México ningún periodista millonario ha sido asesinado desde que empezó la represión hace décadas. A nadie se ha perseguido o molestado en la presente administración a pesar del golpeteo mediático bajo intereses particulares. A ninguno se ha pedido su despido o el cierre de sus espacios, por parte de autoridad federal y que se haya documentado. Hasta hoy.

Pero el periodismo en provincia es otra cosa. La persecución y la desaparición de los profesionales de la prensa están ligadas a poderes locales y crimen organizado desde hace décadas. Eso lo sabemos bien quienes hemos hecho periodismo en las provincias.

En mi caso particular, fui reprimido en 1988 y el hecho fue nota nacional en varios periódicos, por ejemplo. La determinación del estado mexicano de redefinir la política de medios reduciendo impresionantemente el gasto público en publicidad y propaganda, ha tenido un costo político que se está pagando.

Basta revisar los medios de comunicación del país hoy, incluidas las redes sociales, para darnos cuenta de ello. Un ejemplo: el sexenio de Peña Nieto se destinaron 60 mil 237 millones de pesos en publicidad. A diez medios de comunicación, les destinaron el 48 por ciento del presupuesto oficial. Ya sabemos: Televisa, TV Azteca, etc., mientras que 850 tuvieron que repartirse el 52 por ciento restante. En el 2019 se destinaron 3 mil 245 millones de pesos en publicidad. Peña Nieto en su primer año gastó 9 mil 600 millones de pesos y Calderón 7 mil 381 millones de pesos. De ese tamaño.

La irritación por estas cantidades tan contrastantes de los dueños y sus comunicadores estrellas, que pueden ganar cantidades millonarias mensuales, es evidente. Pero yo contribuyente ¿por qué debo financiar los lujos y las riquezas de un medio de comunicación que no responde a las demandas sociales más sentidas, pero además pretende engañarme con mentiras y falsos supuestos, para seguir permitiendo el saqueo y la impunidad del país? Reitero, la discusión apenas empieza y las posiciones serán contrastantes. Lo que debe imperar será el interés de la nación y no el de los pequeños grupos de los poderes fácticos. Principalmente el económico que todo lo pervierte.