Rumores, fuertes rumores se escuchan en torno a la privatización de la seguridad pública, pero no es algo nuevo.
Hay varias formas de privatizar la responsabilidad de dar seguridad a los ciudadanos por parte del gobierno estatal y municipal, algunas como rentar las patrullas, como lo hacen en el municipio de Corregidora y San Juan del Río, otra es otorgar concesiones, como de uso del servicio de grúas que requieren en seguridad pública municipal y estatal.
Del tema de la concesión del servicio de grúas nos vamos a ocupar en este artículo, pero primero hay que preguntarnos ¿a quiénes les beneficiaron los cambios en la Secretaría de Gobierno, cuando al inicio del sexenio se dio a conocer que todo lo relacionado con la seguridad ya no dependería de esta oficina?
¿Cuáles son los rubros que ya no le corresponden normar a Guadalupe Murguía, actual titular de la Secretaría de Gobierno?
En los temas de la seguridad pública, no solo son la policía o tránsito, ¿quién da la cara ahora?
Lo preguntamos porque la Ley establece que el Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de Gobierno, será la encargada de otorgar, negar, refrendar, revocar, suspender y extinguir concesiones para la prestación de los servicios públicos auxiliares a que se refiere; es el caso del servicio de grúa, y de las empresas de seguridad privada, que ya cuentan con más elementos que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La misma autoridad será la responsable de autorizar tanto las tarifas de las grúas como de los llamados corralones, así como de revisarlas y, de ser necesario, ajustarlas anualmente.
Eso en el papel, en la realidad nadie sabe cuáles son las tarifas, y si existen en qué se basaron para tazarlas, y quién las autorizó ¿el Congreso del Estado?, puede ser, ya ven que los diputados no saben, ni leen lo que les mandan aprobar desde Palacio de Gobierno.
El problema del uso de grúas por parte de Seguridad Pública estatal y las municipales, son todo un asunto de interés social, por los exagerados cobros del arrastre, de las maniobras; porque no dejan, impiden, que los particulares llamen a su servicio de preferencia, pero principalmente por la prepotencia de las empresas concesionarias.
No sé en dónde este mejor el negocio, si en el transporte urbano o con las grúas.
Si cae en el “torito” y su auto va al corralón, o si tiene un accidente, por leve que sea, y su auto se va al corralón, o lo que esta pasando con las motocicletas de los repartidores de comida, que son detenidas y trasladadas en grúa al corralón, bueno si cae en estos supuestos, su Vía Crucis será interminable y muy costoso.
El corralón este atestado de motocicletas que mejor son abandonadas porque sale más caro pagar el arrastre, las multas, maniobras y la estadía, que comprar otra nueva.
Los grulleros actúan como si estuvieran protegidos, como si gozaran de impunidad, y hacen, tanto con los vehículos como con los dueños de los mismo, lo que quieren.
El desmantelamiento, el robo de auto partes, los daños a los vehículos son otro tema para tratar.
El ellos, los grulleros, dicen que están “protegidos” ($$$$) con la autoridad, y que mejor le busquemos por otro lado para encontrar quién o quiénes se benefician con este negocio.
¿Los titulares de las secretarias de seguridad, los anteriores funcionarios de la Secretaría de Gobierno, los presidentes municipales, o todos le entran al moche?
Es verdad que las grúas Querétaro son transportes muy utilizados dentro de la ciudad debido a que son una herramienta indispensable para el traslado de vehículos averiados, con mal funcionamiento o registrados con incumplimientos por parte del dueño. Gracias a su labor pueden moverse los carros de las carreteras y calles para que siga fluyendo el tráfico.
Pero también es verdad que es un abuso el cobro del servicio que prestan, y no tienen ninguna responsabilidad.
Qué va a hacer la autoridad con la denuncia que circula en redes en donde un grullero que salía del corralón atropella a un ciclista, a Jesús Ramírez Bazaldúa de 25 años de edad, regresa al corralón la grúa y el conductor huye del lugar.
No han hecho nada las autoridades, o por lo menos no lo han dado a conocer.
Al igual que cualquier tipo de negocio, los grulleros tienen un compromiso con el cliente y una responsabilidad social con la ciudad en la que trabajan. Al momento de cumplir sus funciones de todos los días para ayudar a otros, deben tener presente el reglamento de tránsito que deben seguir; pero no lo hacen.
En la octava sección de la ley, el referente al de la operación de los servicios de grúa, se detallan con precisión a partir del artículo 34 las obligaciones de los titulares de los depósitos y manejo de grúas.
Las tienen una estricta responsabilidad de seguir las previsiones y cuidados necesarios para evitar riesgos y daños a las personas y a sus respectivos bienes. Y eso nunca sucede, Seguridad Pública llama a la empresa gruyera que quiere y disponen del vehículo como se les da la gana.
Parte de las obligaciones con las que debe de cumplir el titular del permiso y sus trabajadores dependen de cargo del vehículo y su traslado. Por lo tanto, si en este proceso el automóvil sufre algún percance o daño antes de ser transferido y entregado al cliente, deben responsabilizarse de los gastos. Tampoco sucede, nunca se responsabilizan, por el contrario, la rapiña se hace presente.
Y menos que cada trabajador porte siempre su uniforme completo, su gafete, distintivo del concesionario y los documentos con que harán el registro del carro.
De acuerdo con la ley es requisito para los concesionarios de los depósitos de vehículos o corralones contar con un predio cuya superficie mínima sea de 5,000 metros cuadrados, el cual deberá disponer de los recursos materiales, técnicos, económicos, tecnológicos y de organización, suficientes y adecuados para brindar el servicio. Es decir, son corralones particulares, y si no paga, no sale su vehículo, así ya no tenga deuda con tránsito o con las autoridades, sin la orden del pago a los grulleros, no sale el vehículo del corralón, sea público o privado.
En la actualidad, hay al menos 10,000 vehículos abandonados en unos 15 corralones a nivel estatal. El abandono de los vehículos se debe a que el costo de la pensión por el tiempo transcurrido es demasiado costoso y la gente opta por abandonarlos.
No es todo, después hablamos de otros temas en materia de seguridad privada en negocios grandes, en centros comerciales, en cines y en los grandes establecimientos se han registrado robos de manera reiterada, el último el pasado domingo en Sanborns de Plaza del Parque.
La seguridad pública en manos privadas.
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