Por: Sergio Romero Serrano
Hace ya varias décadas, múltiples voces alertaban y urgían a los gobiernos de los tres niveles a que profesionalizaran los cuerpos policiacos, como una alternativa elemental para garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana, a lo ancho y largo del país.
Voces que fueron ignoradas sistemáticamente, hasta perfilarnos a los momentos en los que nos encontramos hoy, donde la ineficiencia, la incapacidad y la corrupción policiaca, han disparado la brutal espiral de violencia e inseguridad que permea al país.
La falta de elementos, armamento y equipamiento -en general- han sido la constante en el desempeño de las diferentes corporaciones, aunado a la falta de una capacitación efectiva, constante e integral. El hecho es evidente cuando las vemos trabajar de manera tan patética, en la realidad del día a día, ante las diversas eventualidades que se presentan en las ciudades. Particularmente en el caso de los policías municipales y estatales.
Esta falta de capacitación es notoria y se aprecia desde la forma en que abordan los elementos a los ciudadanos: la ausencia de protocolos para las diferentes situaciones que enfrentan, la arrogancia, la prepotencia, el lenguaje y la forma de portar el uniforme, se ve la improvisación, la falta de sensibilidad y seriedad, la poca empatía al trabajo que realizan. Bueno ¡hasta la forma en que conducen sus unidades –autos, motos y bicicletas- para desplazarse o acudir a una emergencia!
El abandono a la capacitación permanente, a la profesionalización, es muy claro. Ello se explica, me parece, porque en materia de seguridad pública, no existe confianza ciudadana, pues hay tanto miedo a toparse con delincuentes como con policías. A veces es preferible verse con los primeros.
El crimen organizado ha crecido tanto en el país, que amplias zonas de nuestra geografía, están en manos del crimen organizado, imponiendo todo tipo de tropelías y condiciones, sembrando el terror y la desesperanza entre la población trabajadora y el pequeño comercio. Es un hecho inédito en la historia del país: Chihuahua, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Guanajuato, Colima, Jalisco y Zacatecas, en muchos de sus municipios, es tierra de nadie. Tal vez corresponde al cuarenta por ciento del total del territorio nacional.
La mezcla perversa de la delincuencia y la política ha disparado exponencialmente el deterioro del país, nos han metido en un camino muy peligroso del que nos llevará –seguramente- décadas salir. Restablecer el tejido social, deteriorado tan brutalmente, llevará algunas generaciones.
Porque la delincuencia organizada no puede existir –ya lo sabemos- sin un mínimo de contubernio con la autoridad civil. Una prueba clara de ello –en el nivel macro- fue el sexenio de Felipe Calderón y su supuesta guerra contra el narcotráfico. En el micro están los gobiernos estatales y los municipales de décadas atrás. ¿Tamaulipas? ¿Michoacán? ¿Jalisco? ¿Estado de México? ¿Chihuahua? ¿Guanajuato? ¿Guerrero? ¿Sinaloa? Todos ellos con una constante: el silencio ¿cómplice? de las organizaciones empresariales y religiosas, que no dicen nada. No hay posicionamientos.
Entonces la pregunta obligada es ¿por qué no se ha hecho nada en materia de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos del país, a lo largo de tal vez treinta años? ¿Quién o quiénes se han beneficiado de ésta aparente omisión de la autoridad civil, durante todos estos años? ¿A quién le conviene que no tengamos policías capacitados y profesionales? ¿Por qué no hay políticas públicas articuladas en materia de seguridad en los tres niveles de gobierno?
Si bien Querétaro no está considerado como un estado con altos índices de criminalidad y existe una relativa paz social que le ha permitido desarrollarse y crecer por encima de la media nacional, no significa que no tenga sus particularidades que deban atenderse. Es una vieja demanda de la población civil, que el gobierno actual aparentemente ha retomado y anuncia con bombos y platillos un presupuesto ¿histórico? en materia de seguridad: 4 mil millones de pesos para equipamiento con tecnología ¿de punta? que garantice una mayor tranquilidad ciudadana.
Reconozco que las limitaciones en equipamiento –en general- son evidentes en los cuerpos policiacos. Pero nada de estos recursos servirán si no van acompañados de la capacitación y la profesionalización de los cuerpos policiacos. Si no saben usar correctamente vehículos y armamento, si no llevan estadísticas, trabajo de inteligencia, protocolos de procedimientos y tácticos, prácticas de entrenamiento permanente, acondicionamiento físico, historiales clínicos y de productividad, etc. ¿de qué servirán drones, más cámaras de videovigilancia, más armamento sofisticado?
Ante la incapacidad y la corrupción, ningún dinero alcanzará y solo seguiremos alimentado al monstruo de las mil cabezas. Gobierno debería anunciar claramente cuáles son los programas y estrategias que se seguirán para garantizar la tranquilidad y paz ciudadana, con objetivos y metas definidas. Sin ello, solo se entenderá que el anuncio espectacular, es un golpe mediático para disuadir el descontento popular que ha generado las primeras acciones de la administración para acercar mayores recursos a la hacienda pública.
Algo muy parecido a lo anunciado recientemente por la presidencia municipal de San Juan del Río, donde se afirmó que se ubicará la avenida Juárez (la arteria histórica) de esta ciudad, como un atractivo turístico de impacto nacional, sin explicar cómo, con qué y cuándo sería esto. Algo que parece más un malabarismo publicitario, que un programa serio de trabajo.
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