UNA DEMOCRACIA MÁS AMPLIA EN EL PAÍS.

EL LLANO EN LLAMAS

Sergio Romero Serrano 060122

En más de un sentido, el año 2022 que recién iniciamos, será definitorio de amplias expectativas políticas del país, que determinarán finalmente el tipo de nación que meremos. Por ejemplo en el INE que entrampado en su propia soberbia, se ha constituido hoy en el primer obstáculo para instalar una democracia más amplia en el país.

Alentados por una oposición poco seria y nada efectiva, han decidido jugar un papel retardatario muy triste, que lo perfila a su desaparición y a su paso a la historia como los esquiroles más importantes del primer cuarto del siglo XXI. No es asunto menor.

La revocación del mandato, independientemente de que la haya ofertado el actual presidente de la República desde su campaña, era una vieja demanda ciudadana desde el siglo pasado y que fue desatendida sistemáticamente por los gobiernos del último tramo del siglo pasado y del primero del presente. La histórica desatención y la resistencia actual del INE a instrumentar este mandato ciudadano tiene la misma raíz: el pánico a parar la impunidad y el mal gobierno.

La razón de ello tiene una lógica simple y practica: ya instalado en el poder por seis años para enriquecerse casi sin límites. Con ejemplos de esto, podríamos llenar un portafolio de evidencias impresionantes de casos que en su mayoría han quedado impunes para vergüenza del país. La clase política nacional tiene pavor a ser removida de su mandato, porque les acorta a la mitad su periodo de impunidad y le resta en mucho el mayor atractivo que tiene la política en México: enriquecerse impunemente, ante el silencio cómplice de los altos sectores empresariales y los capitales internacionales, donde todo es dejar hacer, dejar pasar.

La sistemática resistencia del INE, disfrazada de legalidad para llevar a cabo la consulta e instrumentar el recurso democrático de la revocación es más que clara. Siempre han alegado falta de recursos económicos suficientes para este ejercicio.

Los casi 14 mil millones de pesos presupuestados para el presente año, no son suficientes, señalan los consejeros electorales encabezados su presidente Córdoba y su lugarteniente Murayama, sembrando con ello aún más la desconfianza y el encono de un sector muy importante de la sociedad, que ya está harta de funcionarios públicos incompetentes y costosos.

Más, por ser éste un tema tan sensible como son los procesos electorales y la rendición de cuentas que los políticos han burlado una y otra vez de los electores y de su voluntad de tener procesos transparentes, justos y equitativos.

La lógica y el sentido común indican que si para Córdova no hay el apoyo económico suficiente por parte del estado mexicano, para realizar las tareas que constitucionalmente se le han encomendado y qué él aceptó, debería por dignidad renunciar y dejar el puesto a alguien que sí pueda realizarlas con los elementos con los que se cuenta.

Es del dominio público que los consejeros electores de todo el país fueron consentidos y privilegiados, por el sistema que pervirtió a través de los partidos políticos, para garantizar su incondicionalidad y con ello neutralizar o por lo menos manipular los procesos electorales de acuerdo a los intereses de los grupos de poder. Basta revisar el desempeño de la institución a lo largo de los años recientes, para comprender el papel que han estado desempeñando, donde la opacidad, la discrecionalidad, la omisión y el excesivo gasto ha permeado su existencia.

Consecuentemente, la reforma electoral ya anunciada por el presidente de la República es un paso obvio que se dará antes de que termine su mandato y después de haber sido seguramente ratificado en su mandato. Sin ello, no será posible avanzar en este proceso de democratización real del país.