Por: Pedro Ochoa Ledesma
Derivada de la valiosa oportunidad de poder participar en el diplomado convocado por la FUNDap, sobre ética, corrupción y el sistema nacional anticorrupción, iniciado el viernes 23 de octubre del 2020 y por concluir el viernes 5 de marzo del 2021, diplomado que ha contado con la participación de reconocidos e importantes ponentes acreditados en la materia, así como de compañeros con alto nivel teórico y práctico, a continuación, resumo mi apreciación sobre la importancia del involucramiento y participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción en nuestro país.
En la historia política de México, ha sido común apreciar a gobernantes de los diferentes partidos políticos de los niveles federal, estatal y municipal, que una vez electos o asumida la responsabilidad, se sienten independientes de los electores y de sus deberes constitucionales.
Lamentablemente, en la actualidad numerosas encuestas indican que la corrupción figura constantemente entre las tres preocupaciones mayores de la población en todo el país.
Transparentar la gestión pública en nuestro país, significa a la fecha un reclamo mayor de la sociedad mexicana para contrarrestar, cuando se presente, la ineficacia e impunidad de los poderes públicos y de quienes lo representan.
El que se diga o se sienta ciudadano mexicano preocupado por alcanzar una sociedad civil capaz de hacer propia la estrategia de desarrollo nacional, debe de ocuparse de participar, por contribuir, no solo desde una posición individual, sino especialmente de manera organizada y civilizada, a traves de las distintas agrupaciones, asociaciones, instituciones, redes, etc., que integran la sociedad en su conjunto, para ir cerrando las brechas de inequidad, desigualdad e impunidad del México actual.
Se debe impulsar que la ciudadanía participe en la supervisión de su desarrollo, reduciendo las cadenas burocráticas que alejan las decisiones operativas de la población, para evitar entre otras cosas, beneficios, caprichos o necedades personales de quienes ostentan el poder.
Significa un verdadero desafío para la sociedad civil mexicana, ante la falta de voluntad de los gobernantes, el lograr que haya una verdadera transparencia y rendición de cuentas en todos los rangos de los tres niveles de gobierno.
El famoso escritor español Fernando Savater, menciona en su libro “Ética, Política y Ciudadanía”, escrito en 1998, que la transparencia debe ser el pacto de honradez entre los políticos y los ciudadanos.
La transparencia, implica la obligación legal y ética que tienen los gobernantes de informar a la ciudadanía, reconociéndoles cuando procedan bien pero también el responsabilizarlos cuando procedan indebidamente en sus acciones, gestiones y omisiones de sus obligaciones.
La exigencia de rendir cuentas claras, se debe basar en un sinnúmero de criterios y principios normativos, lo cual significa el que se debe trabajar arduamente para ubicar las variantes de rendición de cuentas bajo criterios constitucionales, legales, políticos, profesionales, administrativos, financieros y morales.
De acuerdo con el politólogo argentino Guillermo O Donnell, debe darse la rendición de cuentas horizontal entre los mismos organismos de los poderes públicos, así como de manera vertical en las acciones de control de la sociedad civil hacia los poderes públicos.
La rendición de cuentas debe supeditar a los tres niveles de gobierno, no solo el de trabajar bajo el imperio de la ley, sino también por el imperio de la razón, en una dimensión informativa (transparencia de hechos) como en la dimensión argumentativa (transparencia de razones), sirviendo como antítesis del poder monolítico.
La sociedad civil organizada y los ciudadanos que la integramos, debemos asumir el papel de agentes privados de rendición de cuentas, exigiendo información, justificaciones y también sanciones para quienes se aparten de las normas legales y sociales establecidas, lo cual se logrará gradualmente en la medida que haya cada vez más participación ciudadana.
Los organismos de rendición de cuentas que proponga y valide la sociedad civil, deben contar con la autonomía y autoridad suficientes para investigar acciones dudosas y no claras, exigir justificaciones, ademas de solicitar la imposición de sanciones para los servidores públicos cuando y donde sea necesario, para contribuir a mejorar la gobernabilidad y reducir la corrupción, elementos esenciales para un mejor desarrollo y un mayor crecimiento económico.
El evaluar la eficacia, la eficiencia, la transparencia y fiscalización de la gestión pública, es el camino que la sociedad civil mexicana debe mejorar y perfeccionar, para restringir el abuso del poder y su indebida concentración, para reducir las posibilidades de las diversas prácticas y maquinaciones de corrupción de los gobernantes, funcionarios y empleados de los diferentes niveles de gobierno.
La experiencia, el profesionalismo, la responsabilidad no tienen precio, la ineptitud, la ineficiencia, el engaño, la desilusión, la corrupción, si significan un alto costo social y económico para el desarrollo presente y futuro del país.
Los gobiernos tienen que aprender a ser transparentes en su accionar, los ciudadanos tenemos que aprender a defender y fomentar nuestros derechos de acceso a la información y a la transparencia, ambos procesos son necesariamente complementarios en la democracia.
Dentro del marco de la transparencia gubernamental, es necesaria que se tenga la fiscalización ciudadana (contraloría social), atendiendo a dos grandes objetivos que orienten su misión:
Por una parte, el de prevenir y abatir prácticas corruptas y el de lograr la participación responsable de todos los sectores de la sociedad, y por la otra parte, en avanzar en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una cultura de la transparencia y respeto a las leyes.
La debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas, es uno de los problemas más graves y preocupante al que se enfrentan las democracias del mundo.
En la actualidad, para que en nuestro país se concrete y exista una verdadera democracia, no basta con la pretensión tradicional de la búsqueda del equilibrio entre los tres poderes públicos (ejecutivo, legislativo, judicial), se requiere también lograr el equilibrio entre los tres sectores (Público, privado, social civil), se requiere también el trabajar arduamente en las importantes medidas que nos permitan alcanzar el equilibrio apropiado entre el gobierno, los distintos medios de comunicación y la ciudadanía.
Los componentes anteriores significan parte de las piezas de un complicado rompecabezas múltiple, el cual debemos de construir para acceder a un país más digno, justo y solidario, con la participación de todos.
Debemos trabajar con la población, en un proceso de abajo hacia arriba, que exija a los poderes públicos que la ciudadanía debe ser tomada en cuenta para opinar, criticar, proponer, fiscalizar y decidir, en suma, reconocer a los ciudadanos como actores sociales con capacidad de interlocución e incidencia en la esfera pública, a traves de la construccion de una cultura de verdadera democracia participativa, misma que nos permita establecer orden, libertad, eficiencia y justicia, dentro de un marco democrático y de desarrollo económico equilibrado.
Para avanzar y escalar en el combate a los actos de corrupción en nuestro país, entre otras acciones, es necesaria la sinergia con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) estatales y municipales, con la importante participación, orientación y rectoría de la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF dependiente de la SHCP.
Entre todos los actores, sectores y poderes que integramos el mosaico nacional, corresponde encontrar el ideal equilibrador de las fuerzas sociales, económicas y políticas, que nos permitan llegar a acuerdos para bien del objetivo mayor que es nuestro querido país México.
Siempre será mejor pensar colectivamente que, de manera individualista y egoísta, se requiere de la suma de responsabilidades y voluntades de todas las partes.
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